La violación de las disposiciones establecidas para la producción de soja a gran escala, se dan principalmente porque hay un asumido ausentismo de las instituciones del Estado encargadas de fiscalizar y sancionar. El responsable del Senave (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas) en Alto Paraná, Derlis Cardozo, explica que hay sólo 5 ingenieros agrónomos encargados de realizar fiscalizaciones, pero dice que cuentan con el apoyo de asesores técnicos. En el Ministerio Público, la fiscala Zunilda Ocampos cuenta que hay sólo dos condenados por delitos contra el medio ambiente.
El total, en Alto Paraná hay 22 trabajadores de Senave, pero ellos deben controlar el ingreso y egreso de productos en los puertos de frontera. En el área de fiscalización, son cinco ingenieros agrónomos y un funcionario administrativo. Con dos camionetas, a cargo de ellos está el control de parcelas semilleras y de ensayos, capacitación en el uso seguro de plaguicidas, extracción de muestras de plaguicidas y prospección de plagas y enfermedades y, en el caso de ser necesario, la verificación de denuncias que refieran que en alguna plantación se están cometiendo violaciones a las normas ambientales.
“Nunca va a ser suficiente personal para fiscalizar todo”, afirma Derlis Cardozo, quien confía en el apoyo de los asesores técnicos que, por ley, deben tener los vendedores de productos químicos, los que hacen fumigación comercial, los que transportan los agroquímicos, los depósitos habilitados para guardar ese tipo de producto.
También deben contar con asesores técnicos los grandes productores de soja, dueños de 200 hectáreas o más. Estos asesores son corresponsables del uso correcto de agroquímicos en esas plantaciones. Desde el año pasado, ellos deben llenar y presentar ante el Senave las planillas de aplicación de los químicos. Los documentos tienen el valor de declaraciones juradas y allí constan temperatura, humedad y velocidad del viento con que se realizó la aplicación.
Pero el problema es que no hay manera de fiscalizar a la totalidad de agricultores que tienen menos de 200 hectáreas y a quienes arrendan parcelas para la producción de soja. “Quienes tienen grandes extensiones contratan técnicos asesores y cumplen mayormente con las leyes. Pero quienes alquilan 100 hectáreas o menos, no siempre respetan las normas”, asume Cardozo.
Respecto a los cauces hídricos, las leyes señalan que debe haber franjas de protección natural de 100 metros entre los cultivos y los ríos y arroyos, pero es la Secretaría del Ambiente (SEAM) la encargada de fiscalizar. “Mayormente, excepto que haya una denuncia formal, la SEAM realiza una evaluación de impacto ambiental para otorgar la licencia ambiental a los productores cada dos a cinco años. Principalmente hacen una verificación vía satelital”, explica Derlis Cardozo, quien también comenta que con esa institución pública, no se suelen hacer trabajos conjuntos.
Por su parte, la fiscala del medio ambiente, Zunilda Ocampos, dice que en periodo de siembra de soja recibe de dos a tres denuncias por semana, de violación de normas ambientales. Los casos más frecuentes son: contaminación por fumigaciones, mal manejo de agroquímicos y deforestación. “Lo principal es que no se respetan las franjas de protección, desecan humedales y se echan árboles para poder plantar”, puntualiza.
Ocampos explica que el Ministerio Público no es un órgano de prevención sino de sanción cuando ya se cometió un hecho punible. “Pero como las instituciones de fiscalización no cumplen con su trabajo como corresponde, la gente acude a nosotros. Y entonces nosotros vamos con funcionarios de Senave, principalmente. Si hay contravenciones a las normas, ellos les notifican y abren un sumario. Si no cumplen con las demandas, recién entonces el caso pasa al Ministerio Público y comunicamos al Juzgado la apertura de un proceso”, dice.
La fiscala asegura que en los años que lleva como responsable de la Unidad de Medio Ambiente, nunca vio personas afectadas en su salud ni animales muertos a causa de fumigaciones mal hechas. También asevera que a veces existe desconocimiento en las poblaciones vecinas a plantaciones de soja, que hacen denuncias de fumigación con agroquímicos cuando lo que se estaba aplicando era secante. “Creen que todo lo que se aplica a la soja es veneno y es dañino a la salud”, puntualiza, sin tener en cuenta que como secante se emplean glifosato y paraquat.
“DELITOS DE PELIGRO”. NIÑOS CON CÁNCER DENTRO DE DIEZ AÑOS
La fiscala considera que para probar que vecinos a plantaciones están teniendo problemas de salud debido a fumigación con agroquímicos, “si tienen irritación en los ojos y tos, por ejemplo, no es suficiente con que lo digan. Deben ir al médico y él deberá expedir un certificado médico que indique que el problema es consecuencia de una fumigación. Debe hacerse un análisis toxicológico, yo tengo que probar que fueron dañados, y además debo buscar ese producto en las tierras del denunciado, o sea, en los depósitos donde guardan los productos”.
Pero la misma fiscala asume más tarde que los delitos ambientales, como la permanente fumigación de sojales aún afectando a comunidades vecinas, “son delitos de peligro, o sea, un niño que se ve afectado por la fumigación de sojales vecinos no tendrá cáncer hoy, sino dentro de diez años. Los delitos ambientales son delitos de peligro, no es necesario que hoy pruebe el daño, el daño puede ser a futuro. Con la sola violación de la norma, se perfecciona el hecho. El productor no implementó una franja, entonces está violando una norma”.
En los últimos años, según Zunilda Ocampos, sólo cuatro procesos por violaciones a las leyes ambientales llegaron a juicio oral. En dos casos aún se están debatiendo las condenas. En los otros dos, durante procesos abreviados hubo condenas a pagar multas y realizar reforestación supervisada.
